El informe del FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó al Gobierno que su propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica entre en vigor de manera progresiva. El organismo incluyó esa valoración en su último informe sobre la economía española, el Artículo IV, publicado hace unas semanas.
La misión del FMI que visitó España evaluó por primera vez el modelo que el Ejecutivo planteó a principios de año. Esta misma semana, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, volvió a impulsar la reforma con el arranque de las reuniones bilaterales con cada una de las comunidades autónomas.
“El plan de las autoridades de revisar el sistema de ingresos y transferencias a los gobiernos regionales proveería de recursos adicionales útiles a las comunidades autónomas, pero tiene que abordarse la pérdida implícita en el espacio fiscal del Gobierno central”, recoge el informe.
21.000 millones para las comunidades autónomas
Los economistas del FMI se refieren a la inyección adicional de 21.000 millones de euros que el Estado traspasará a las autonomías, según cálculos de Hacienda. Esos fondos procederán de una mayor cesión de impuestos como el IVA y el IRPF, así como de una transferencia extra para recortar las diferencias de financiación por habitante ajustado entre regiones.
El FMI sostiene que esos recursos adicionales aliviarían la infrafinanciación de algunas comunidades y las equipararían mejor para afrontar las presiones de gasto crecientes vinculadas al envejecimiento en sanidad y protección social. Pero también advierte de la “pérdida proporcional” del espacio fiscal del Ejecutivo central.
En la misma línea, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) criticó la propuesta al considerar que resta demasiado margen al Gobierno en un momento en que el gasto en pensiones va en aumento y las inversiones en defensa exigirán una parte importante del Presupuesto.
El objetivo del Gobierno es que, una vez terminen las reuniones con las comunidades, todas ellas pasen por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros del ramo. Después, el Ejecutivo quiere llevar la ley al Consejo de Ministros para iniciar el trámite parlamentario. La meta es aprobarla a finales de año para que el nuevo sistema entre en vigor el 1 de enero de 2027.
Desde el FMI, sin embargo, proponen que la entrada en vigor sea progresiva. El fondo sostiene que esa fórmula facilitaría la adopción por parte del Estado, que asumirá la pérdida de ingresos, y también permitiría a las comunidades gastar esos recursos adicionales con más eficiencia en áreas de alta prioridad.
“Dicha reforma solo debería adoptarse gradualmente para darle tiempo al Gobierno central a compensar la pérdida de ingresos a través de una subida de impuestos o de recortes en el gasto, así como para permitir a las regiones que gasten esos recursos adicionales de manera más eficiente en áreas de alta prioridad”, plantea el fondo.
Una condonación condicionada
Los economistas del FMI también valoran la condonación de deuda que propuso el Ejecutivo, que espera en el Congreso de los Diputados a la espera de que los grupos le den impulso. El FMI considera que eso permitirá a las comunidades autónomas reducir el gasto en intereses y también ve bien la eliminación de la Facilidad Financiera y la reforma del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para convertirlo en un instrumento de último recurso.
Sin embargo, el fondo cree que la condonación solo será efectiva si es “excepcional” y si limita el “riesgo moral”. Para ello, pide condicionar la asunción del pasivo a un plan de consolidación fiscal “creíble” por parte de las comunidades autónomas que reciban el perdón del Estado.
El informe también recoge la visión de las autoridades, entre ellas el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Según esa parte del documento, las autoridades se muestran confiadas en que las reformas propuestas reforzarán el marco general.
El pulso político y parlamentario
El Gobierno afronta ahora la tarea de reunir una mayoría en el Congreso de los Diputados que le dé luz verde al proyecto. Lo hace en un momento en que arrecian las dudas sobre la continuidad del Ejecutivo por los casos de presunta corrupción vinculados al PSOE.
La mayoría de las comunidades del PP ya han anunciado que no se sentarán con Hacienda en las reuniones bilaterales. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que previsiblemente será antes del verano, el Ejecutivo cuenta con la mayoría de votos y solo necesita el apoyo de una de las comunidades que lidera el PSOE.
La duda ahora es cuándo llegará el texto al debate parlamentario y si coincidirá con los Presupuestos, que tienen prioridad en el trámite.
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