Les Naus y las primeras instrucciones a los socios
Francisco Ordiñana, gestor de la cooperativa de Les Naus, trasladó a los socios en distintas juntas información e instrucciones sobre cómo cumplir los requisitos exigidos para acceder a las viviendas protegidas de la promoción. Las actas de las asambleas reflejan explicaciones sobre los cambios normativos previstos por la Generalitat, recomendaciones para adaptar situaciones patrimoniales y orientaciones para evitar exclusiones por incumplir las condiciones de acceso a un piso protegido.
Ordiñana figura entre los investigados en una causa sobre polémicas adjudicaciones que instruye un juzgado de Alicante. En ese procedimiento también aparecen como imputados Rocío Gómez, María Pérez-Hickman, Francisco Nieto y Roberto Palencia, además de una decena de adjudicatarios.
En la primera reunión, celebrada en octubre de 2018, el acta señalaba que la promoción era de vivienda protegida porque se trataba de un solar municipal. También advertía de que solo tendría la calificación de protegido. El texto añadía que las calidades previstas eran magníficas.
Vivienda e ingresos en La Condomina
A principios de agosto, la cooperativa remitió un correo a los socios de los otros dos residenciales desarrollados en el PAU 5 de Alicante, Residencial Viride y Terrazas del Mediterráneo. Antes de salir al público en general, quería dar prioridad a esos socios, a sus familiares o a sus amigos.
En junio de 2022 empezaron las instrucciones a los cooperativistas. Entonces, el Botànic de Ximo Puig preparaba un decreto sobre las Viviendas de Protección Oficial, y después llegaron cambios legales con la entrada del PP en la Generalitat. Los socios de Les Naus recibieron en las juntas instrucciones para seguir siendo beneficiarios cumpliendo con los requisitos.
Entre esos requisitos figuraba no ser titular de otra vivienda, ya fuera libre o protegida. Ordiñana dijo que quien tuviera una vivienda y quisiera venderla disponía de tiempo suficiente hasta el final de la obra. La previsión era acabar en octubre de 2024.
Ordiñana explicó que quien no quisiera venderla podía ceder o vender un 1 % de la misma a padres o hermanos antes de visar su contrato. Esa operación hacía que el socio dejara de ostentar el pleno dominio de la propiedad. También dijo que quien no tuviera intención de vender no hiciera nada al respecto de momento, porque en mayo de 2023 había elecciones autonómicas y podía cambiar el titular de la Conselleria de Vivienda.
Las instrucciones para acceder a estos pisos del residencial de La Condomina no se limitaron a las propiedades. La gestora también dio pautas para que los socios no quedaran excluidos por superar los ingresos máximos permitidos. Para los autónomos, Ordiñana recomendó adaptar su contabilidad al cierre del ejercicio. A los asalariados que se pasaran del límite por poco, les instó a hablar con sus empresas para que les ajustasen las últimas nóminas del año.
El nuevo reglamento no sirvió al proyecto
La siguiente junta se celebró el 20 de mayo de 2023, a escasos días de las elecciones autonómicas en las que PP y Vox se harían con la Generalitat. El decreto del Botànic seguía vigente. En esa reunión se recomendó que los casos particulares con situaciones muy concretas pidieran cita previa en las oficinas de la gestora para ser atendidos individualmente.
El mismo acta recordaba que, antes de presentar el contrato para ser visado por la conselleria, el socio debía estar inscrito en el Registro de Vivienda de la Comunidad (registro administrativo). Según explicó Ordiñana, ese trámite se hace por declaración responsable.
Con el nuevo Consell de PP de Carlos Mazón y Vox ya asentado, la gestora comunicó a los socios en febrero de 2024 que el borrador del nuevo reglamento de vivienda protegida eliminaría los obstáculos detectados dos años antes. La nueva norma haría desaparecer la limitación de tener otra vivienda y elevaría el umbral de ingresos al calcular el IPREM sobre 14 pagas en lugar de 12.
La conselleria pidió no iniciar el visado de contratos hasta que se aprobara y entrara en vigor ese nuevo reglamento. La gestora pidió a todos los socios que tuvieran o hubieran tenido en algún momento una vivienda VPO que enviaran un correo avisándolo, aunque fuera en otro municipio. También quería comprobar si ese hecho les impediría o no acceder a una vivienda protegida del residencial. Quienes quisieran que su contrato se visara con la renta de 2022 debían remitir un correo.
El 24 de octubre de 2024, la cooperativa admitió que, tras publicarse el texto definitivo, el proyecto de Les Naus no podría acogerse al nuevo reglamento. En esa reunión emplazó a los socios a comunicar cualquier cambio de titularidad en su contrato. Los socios que no cumplieran las condiciones para vivienda protegida debían solicitar la baja en la cooperativa.
Las condiciones vigentes incluían estar inscrito en el Registro de demanda de vivienda de la Generalitat. La unidad de convivencia no debía tener el pleno dominio ni el usufructo de una vivienda. Tampoco debía superar en ingresos anuales 6,5 veces el IPREM a 12 pagas, y la vivienda debía destinarse a residencia habitual y permanente.
El decreto sobre vivienda de protección pública del ejecutivo autonómico de Mazón elevó de 46.800 a 54.600 euros el límite de renta para acceder a estos inmuebles. Ese límite podía llegar a 66.300 euros si se cumplían determinados requisitos. El acta también explicaba cómo calcular el límite de ingresos con coeficientes por cada hijo, persona discapacitada o persona mayor de 65 años.
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